“Si bien todo contrato es renegociable, debe haber la debida motivación, seguir los canales institucionales y formas adecuadas, lo cual no se ha dado en este caso. De lo contrario, se ahuyentan las inversiones y por tanto los empleos, además de poner en riesgo la provisión de servicios a la ciudadanía y la recaudación que percibe el Estado”, reza el comunicado.
Cabe destacar que el Consorcio de Gas de Camisea paga entre impuesto a la renta y regalías más de 60% de sus utilidades. Al menos la mitad va a gobiernos regionales y locales, así como universidades de Cusco, lo cual equivale a aproximadamente 4 millones de soles diarios. Pidieron que estos recursos, con una buena gestión pública, se traduzcan en una mejor educación, salud, caminos, energía y otros servicios.
Es relevante, además, atender la demanda de las familias por gas a precios competitivos, lo cual requiere para comenzar que el Estado destrabe los proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad de 2019, que lamentablemente a la fecha tienen mínimo avance: la masificación del uso de gas natural, distribución por red de ductos en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno y Ucayali; la distribución de gas natural por red de ductos en la región Piura; y el sistema integrado de transporte de gas para Cusco, Arequipa y Moquegua. Finalmente, invocaron al presidente Pedro Castillo Terrones a rechazar tajantemente que se va a expropiar empresas en su gobierno.
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