Por: Juan Salinas Guerra
Cuando un grupo de ciudadanos anuncia su pretensión de postular a cargos de elección popular, entendemos que lo hace motivado por la ineficacia de las autoridades de momento frente a las demandas de la población. Esto significa que debe existir un análisis de lo que anda mal, un diagnóstico de los problemas debidamente priorizados, y unas ideas de cómo solucionarlos, lo que en buena cuenta podemos llamar un Plan de Gobierno.
El Jurado Nacional de Elecciones, a través de de la Resolución N.° 0082-2018-JNE, establece que un Plan de Gobierno es un “documento elaborado y presentado por cada organización política, que proponga, en base a un diagnóstico y visión de desarrollo, los objetivos, lineamientos de política, acciones, estrategias y metas en el ámbito municipal. Las propuestas de las organizaciones políticas deben ser formuladas con claridad y precisión, sin exceder las competencias asignadas a los gobiernos locales”.
De acuerdo al formato establecido por el JNE, cada Plan de Gobierno debe desarrollarse en cuatro dimensiones: social, económica, ambiental e institucional. Estas dimensiones son, de alguna manera, las grandes vigas por donde se debe desarrollar la reflexión permanente de los problemas y soluciones de una determinada jurisdicción.
En el aspecto social se debe buscar la solución a las grandes brechas de atención por parte del Estado, la falta crónica de servicios y/o servicios deficientes. Es tal vez la dimensión más visible y por la que se juzga a una gestión municipal o regional. En la dimensión económica se busca, por lo menos en el ámbito municipal, mejorar las condiciones de los ciudadanos para generar ingresos, o cómo lo establece el Artículo X del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades: “las municipalidades provinciales y distritales promueven el desarrollo local, en coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población”.
La dimensión ambiental, a tono con las tendencias mundial y nacional, busca armonizar las siempre crecientes demandas poblacionales con el ambiente a fin de preservar para las generaciones posteriores las posibilidades de vida, crecimiento y desarrollo que tenemos actualmente, mientras que la dimensión institucional requiere el fortalecimiento de las entidades de gobierno desde dentro, como condición básica para liderar el desarrollo que todos queremos.