Asimismo, respaldan el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, en el cual se señala que la facultad presidencial para designar ministros no es irrestricta, pues está sujeta a un conjunto de parámetros contenidos en la Constitución que resulta de obligatorio cumplimiento por parte del jefe del Estado. “La falta de idoneidad de las personas nombradas ministros se suma a una larga e impresionante lista de hechos muy cuestionables que todos los peruanos hemos sido testigos y que generaron y agudizaron la profunda crisis de gobernabilidad en la que nos encontramos”, se puede leer en el comunicado.
“Ha llegado el momento que todos los peruanos exijamos a nuestras autoridades nuestro legítimo derecho a vivir en un país que corresponda con su potencialidad y riqueza, que el esfuerzo y sacrificio por construir un futuro y un mejor país no se nos siga arrebatando y se nos condene a vivir en la precariedad y pérdida de valores, negándole a nuestros hijos un futuro digno”, explican.
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